Aunque cada vez más se enfatiza en la importancia de reconocer y aplicar prácticas empresariales que respeten los derechos humanos, en América Latina solo cuatro países cuentan con un Plan Nacional de Acción (PNA) que articule sus prioridades en esta materia. Costa Rica no es uno de ellos.
A escala global, 34 países tienen ratificado un PNA, la gran mayoría de ellos se ubican en Europa (4). Además del caso latinoamericano, en naciones de África solo existen tres planes y en América del Norte uno (en Estados Unidos).
Colombia fue el primer país latinoamericano en dar un paso al frente, en el 2015; le siguieron Chile, Perú y Argentina, que lo aprobó en diciembre de 2023, aunque luego de la asunción de Javier Milei a la presidencia, el tema “habita en un cajón”, según indicó Fernanda Hopenhaym, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Ella fue la expositora de la conferencia inaugural del Simposio Internacional de Empresas y Derechos Humanos, auspiciado por la Defensoría de los Habitantes, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea.
Durante dos días (26 y 27 de setiembre), el auditorio Cora Ferro Calabrese, del Centro Universitario Emilia Prieto Tugores de la UNA, albergó una serie de plenarias con representación de empresas privadas, instituciones públicas y delegaciones internacionales que dieron su visión y ejemplos de buenas prácticas en materia de derechos humanos.
Aunque Costa Rica no cuenta aun con un PNA, Hopenhaym rescató que el país ha trabajado desde diversos ámbitos que puedan resultar, más adelante, en la consolidación de un plan.
El Grupo de Trabajo de la ONU ha venido orientando a gobiernos e instituciones sobre la importancia de que los PNAs acojan los pilares en temas de empresas y derechos humanos, que se fundamentan en el marco de “proteger, respetar y remediar”.
“Estos planes tienen referencia con la ejecución de estos tres pilares y se incluyen los compromisos desde los Estados para desarrollar ciertas normas, políticas específicas y hasta las expectativas que tienen las empresas sobre conductas que se van a promover”, manifestó Hopenhaym.
Temas como ética y trasparencia, regulación laboral, erradicación de la discriminación, atención a poblaciones vulnerables, respeto a las comunidades y protección del medio ambiente y los recursos, son algunos aspectos que deben considerar las empresas en sus giros de negocio.
“Sirva este espacio para reflexionar sobre el importante camino que nos queda por andar de cara a que Costa Rica cuente con un Plan Nacional de Acción. Se reconocen los esfuerzos que se han generado a partir de la implementación de la política pública en materia de responsabilidad social, pero es claro que debemos caminar hacia el cumplimiento de los principios rectores de la ONU para las empresas, tal y como lo demuestran las mejores prácticas internacionales”, reforzó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
“Proteger, respetar y remediar”
Durante su presentación, Fernanda Hopenhaym analizó los tres pilares rectores sobre empresas y derechos humanos: proteger, como un deber de los Estados de tomar acciones precautorias; respetar, de manera que con la aplicación de normas y políticas establecidas cumpla lo estipulado; y remediar, para que los países cuenten con mecanismos de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales (como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que permita hacer valer esos derechos.
Además de que estos acuerdos queden plasmados a nivel de los Planes Nacionales de Acción, destacó la importancia de avanzar en normativas de debida diligencia, que son aquellas que permiten a las empresas identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus acciones y que afecten los derechos humanos.
Instó también a pensar en alternativas sobre temas que son hoy un desafío como la transición energética, la inclusión financiera, el interés por reactivar industrias extractivas y la atención de poblaciones indígenas, mujeres, niños y niñas, migrantes y LGBTI+.
“La comunidad afrodescendiente, al igual que otras poblaciones vulnerables, enfrentan retos específicos en términos de acceso a empleo digno, igualdad de oportunidades y respeto a sus derechos culturales y económicos. La integración de estos elementos en la política empresarial es una responsabilidad compartida”, ejemplificó la presidenta en funciones de la Asamblea Legislativa, Rosalía Brown.
Desde el campus
La formación de futuros profesionales que asuman la responsabilidad en este campo es trascendental. De ahí el aporte que, desde la docencia, la investigación y la extensión se espera de las universidades para contribuir a la meta nacional.
El rector de la UNA, Francisco González Alvarado, indicó que es estratégico pensar en la integración plena de los derechos humanos en la educación, de manera que exista un balance con el alcance curricular en materias de contabilidad y finanzas.
Asimismo, resaltó la labor de escuelas como las de Administración y Relaciones Internacionales que ofrecen capacitación a mujeres en riesgo social que puedan insertarse en el mercado laboral, así como profundización de debates que se llevan a cabo desde instancias como el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) o del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) y en congresos de educación comercial de la Escuela de Secretariado Profesional.
“Los derechos humanos son un eje transversal de la Universidad Nacional y por eso somos anfitriones y participantes activos de espacios como estos. Debemos incrementar el aprendizaje experiencial por medio de pasantías y aprendizaje en servicio para que nuestros estudiantes interactúen con empresas y organizaciones que trabajan activamente estas temáticas”, agregó González.
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Guillermo Solano Gutiérrez
